Algunas consideraciones sobre el estatuto avanzado Unión Europea – Marruecos

Estamos ante lo que puede marruecos_ueser el nuevo modelo de relaciones entre la Unión europea y Marruecos. Es cierto que la literatura que ha generado este escueto documento, de apenas 14 páginas, es mas bien crítica. Se duda de su eficacia, su oportunidad y, más aún, de que suponga un verdadero avance sobre otras opciones y estadios ya pronunciados y reconocidos por el legislador comunitario. Sin embargo su verdadera oportunidad se deriva, como hemos apuntado, de este peculiar momento histórico. Durante los últimos años, me atrevería a decir, durante los últimos meses, vivimos un proceso donde no solamente se transforma la  escena política y económica, sino también los conceptos y el mismo lenguaje donde ubicamos el discurso socio-jurídico.

El Estatuto, en algunos puntos, no expresa un verdadero avance sobre el modelo propuesto por los acuerdos de asociación y la ya clásica política europea de vecindad, sin embargo una lectura atenta del documento nos permite apreciar un nuevo tono que va más allá de las palabras. Como en el cuento “Pierre Menard, autor del Quijote”, las palabras hay que leerlas necesariamente en su específico contexto y, tal y como nos propone Borges en este inquietante juego del sentido, su expresión hoy día reclama una nueva conceptualización de las relaciones mediterráneas.

La construcción de toda esa dimensión política, económica y social con propuestas de diálogo político y estratégico, de cooperación parlamentaria y judicial, con un proceso de convergencia en el cuadro legislativo y comercial a la que hace referencia el Estatuto, desborda, pese al registro lingüístico de la jerga comunitaria, ese cauce simplón en el que a veces se ha querido encerrar el diálogo con los vecinos extracomunitarios. Se equivoca el que crea que pese a tanta palabra todo quedará en un nuevo acuerdo de vecindad más o menos descafeinado. Como también yerra quien crea que, a lo sumo, todo se reduce a la fórmula “mágica” de “todo menos las instituciones” de inquietante resonancia despótico-ilustrada, como si fuera posible, en sistemas construidos sobre voluntades democráticas –las instituciones-, separar los instrumentos de los resultados. Hablar de “acervo comunitario”, como hace el texto comentado, cooperación judicial o cooperación parlamentaria no tiene por qué suponer el minimalismo de esas comisiones mixtas, con visitas periódicas a las sedes institucionales. Esto era así en los “90” e, incluso, lo ha sido hasta bien entrado el nuevo siglo, pero hoy puede y debe significar otra cosa, de ahí el rechazo a esas interpretaciones pesimistas y la urgencia de promover análisis más cargados de voluntad transformadora.

Es cierto que aspectos tradicionalmente básicos como la política agrícola o la emigración aparecen reducidos a su mínima expresión (ese visado para profesionales, de una forma u otra, ya existía). Tampoco resulta explícito, y menos aún generoso, el capítulo económico y de financiación, todos ellos mejor detallados en instrumentos anteriores, pero la insistencia en focalizar en estos puntos la óptica de análisis secuestra otras ópticas también necesarias y que suponen un proceso transformador que afecta –este es el quid de la cuestión- a la propia Unión Europea. En resumidas cuentas, la lectura que estoy proponiendo supone un esfuerzo de reinterpretar la misma marca de Europa.

Hay que ser conscientes que las fronteras son cada vez más porosas y, pese a algunos muros, parecen disolverse en muchos de sus trazos. De ahí la importancia de las relaciones de vecindad porque, si las distancias desaparecen bajo la presión de las nuevas tecnologías, la realidad es que la vecindad sigue imponiendo espacios compartidos. Gaseoductos, procesos migratorios, circulación de mercancías, así como la seguridad policial, sanitaria o medioambiental  sigues siendo tributarios de esas fronteras entre vecinos. Pese a la descentralización virtual de las nuevas tecnologías, la realidad es que, como europeos, tenemos mas que ver con Marruecos o Turquía que con Indonesia o Chile. El derecho internacional clásico cede así ante la necesidad de crear un derecho “blando”, compartido por las sociedades vecinas a lo largo de determinados espacios geográficos. Un derecho capaz de ir más allá de las meras estructuras convencionales articuladas en los tratados. Un derecho cuya eficacia se extienda a los mismos ciudadanos y no solo a la subjetividad de los estados. Es a ese modelo normativo, cada vez más extendido en las modernas relaciones internacionales, al que responde el Estatuto Avanzado. Pero quizá, haya aún algo más.

Como hemos señalado desde el principio, la definición de Europa no es ni debe ser el resultado de un falso determinismo geográfico. Ni el Oder marcó la frontera oriental, ni el Mediterráneo tiene necesariamente que serlo en un futuro. Hubo un momento en la Historia en la que esa Europa cultural, el mundo romano, sintió más sus fronteras en el Danubio y el Rin que en un mar definido como interior. El anhelo de Europa que vive hoy Marruecos no es un mero deseo utilitario como ya expresó Azoulay en el Seminario IEMED del 2007. Puede haber, como dijo el consejero, intereses diversos –y muy legítimos- pero es sobre todo una voluntad cuasi-ideológica de compartir un destino que nos pertenece a  todos. Es el deseo, para nosotros y nuestros hijos, de “un porvenir construido en términos de seguridad, convivencia y normalidad”. Las relaciones con Marruecos reclaman una visión ya desde el siglo XXI.

Pero también es el momento de recordar que ese derecho moderno se construye hoy necesariamente sobre una dimensión económica. No es un problema de ayudas o planes de inversión en una contabilidad repleta de asimetrías. Por eso, frente  a otras opiniones, no las debemos echar en falta en este documento. Esa ya no es la fase en la que se incardinan las relaciones UE-Marruecos. El componente económico es, hoy, una exigencia derivada del derecho y su cuantificación remite al desarrollo del patrimonio jurídico y no a la estructura de acuerdos bilaterales más o menos detallados. La economía, como magistralmente dispone el texto de la Constitución española de 1978, esta “subordinada al interés general”. La crisis del 2008-09 es un buen momento para recuperar la subordinación de lo económico a lo político.