La Constitución de Marruecos de 2011

La Constitución de Marruecos de 2011

La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 26 de agosto de 1789 expresa con una radical contundencia que es tener o no tener una constitución: “Toda sociedad en la cual la garantía de estos derechos no está asegurada ni determinada la separación de poderes, carece de constitución” Sin embargo no nos aclara ni que es ni como debe ser ese texto  que reclama la condición de constitucional. Por eso la cuestión que aquí nos proponemos no es tanto ¿Qué es una constitución?, sino ¿Qué hace constitución?, Qué hace de un texto una realidad constitucional, cuales son esos retazos de lenguaje que configuran la voluntad general.
De entrada, lo primero que llama la atención en la lectura del texto de 2011 es ese original título que, de un solo trazo, incorpora la reflexión más moderna de la sociología política, las denominadas instituciones de la “buena gobernanza”.  Al abrir este título, el XII, nos encontramos además con una interesantísima lista de nuevas instituciones: el “Consejo Nacional de los Derechos del Hombre”, el “Mediador”, o Defensor del pueblo, el “Consejo de la Comunidad Marroquí en el Exterior”, la “Autoridad encargada de la Paridad de Género y la lucha contra la Discriminación”, instancias sobre la comunidad audiovisual, la competencia, la probidad y la lucha contra la corrupción, la educación, la familia, infancia y juventud. Instancias que bajo la forma de Consejos y Altas Autoridades incorporan al texto constitucional todo un instrumental irreconocible en los viejos textos constitucionales.
¿Qué entraña esta estructura denominada de la buena gobernanza? ¿Estamos ante una nueva moda? Los viejos aparatos del estado, la misma división de poderes, ¿No venían a cubrir esos mismos objetivos?.
La lectura de ese título XII se hace, además, en un marco más amplio, personalmente lo vinculo a otros dos títulos, el XI, de entrada y también el IX. Uno dedicado al Consejo Económico, Social, abierto, en su nueva denominación, al concepto de lo “medioambiental”, el otro, el IX, desarrollo del sistema territorial, construido sobre el concepto de “solidaridad”.
Es cierto que muchas de esas instituciones ya existían en los constitucionalismos más avanzados de finales del siglo XX, como el nuestro de 1978. Sin embargo en el texto de 2011 hay algo de nuevo: su identidad institucional. Salvo la autonomía del sistema territorial, en la Constitución española esos institutos venían vinculados a la clásica división tripartita del poder. Por eso, si apreciamos líneas de continuidad también se perciben diferencias, soluciones de continuidad que nos hacen pensar ya en algo nuevo.
La realidad es que, en los aspectos de organización político-social, vivimos en un mundo de una complejidad creciente. El siglo XX, sobre todo en su segunda mitad, ha sido enormemente rico en el desarrollo institucional de la democracia. Un desarrollo profundamente vinculado a las transformaciones de la vida social y política. Mencionemos algunos factores: la transformación del orden religioso abierto desde la laicidad hasta el fundamentalismo; la consolidación de poderes extraños a la polys procedentes de la economía; la quiebra del equilibrio entre lo público y lo privado fruto de la globalización. Todo esto ha reducido los parámetros conceptuales en los que se movía el análisis constitucional, obligándonos a una comprensión de la Constitución no tanto como un texto unitario, ese gran relato de una nación, sino en los fragmentos del discurso, en esas luces y sombras que proyecta una voluntad general reconocida ya en sus auténticas dimensiones. Parafraseando a Carl Schmitt hacer hoy ciencia política se ha convertido en un trabajo de exégesis teológica.
Por eso lo primero que tenemos que hacer es desgranar esas dos o tres líneas narrativas que definen el  nuevo texto. Empecemos por las líneas generales, lo que hemos dado en llamar el discurso clásico, es decir, lo que dota al texto de esa identidad con los modelos constitucionales desde sus primeras proclamaciones a finales del XVIII. De entrada el texto recoge en su plenitud los discursos básicos del constitucionalismo de siempre. Las ideas de soberanía nacional, de estado de derecho, la incorporación constitucional del sistema de derechos fundamentales y la estructura de poderes con sus títulos respectivos: “De la realeza”, “Del poder legislativo”, “Del poder ejecutivo”, “Del poder judicial”, una sistemática que al lector español le recordarán en gran medida su propio texto. No obstante, desde esta primera comparativa ya notamos algunas diferencias.
Junto a este perfil clásico, que denota la identidad con el primer constitucionalismo, también aparece esa otra línea que va a definir los textos de una segunda modernidad constitucional: El reconocimiento de los partidos políticos y sindicatos, la dogmática de los derechos fundamentales, el reconocimiento de las entidades intermedias entre la sociedad y el estado. Toda una sistemática que incorpora una nueva relación entre la sociedad civil y el estado. Con ello podemos dibujar una línea evolutiva que nace en los primitivos textos revolucionarios y que marca su pendiente con esta segunda etapa construida alrededor de la III República Francesa. Lógicamente todas las constituciones del siglo XX incorporan a su texto esas dos líneas discursivas no siempre exentas de contradicciones.
Aún podemos reconocer una tercera etapa, nueva inflexión en el proceso constitucional y que, aunque originado en el período de Entreguerras, alcanza su plenitud tras la Segunda Guerra Mundial. La nueva Constitución marroquí también incorpora sus hallazgos. Me refiero a la aparición de instituciones como el Tribunal Constitucional, fruto del reconocimiento de la Constitución como norma suprema; el proceso de territorialización del estado con mecánicas de corte federal, autonómico o regional o estructuras como la Oficina del Defensor del Pueblo o los Consejos Económicos y Sociales.  Sin embargo es aquí donde ya vamos viendo las diferencias, apuntando la construcción de una nueva etapa del movimiento constitucional.
Personalmente son tres los lugares que me han interesado sobremanera. De entrada el Preámbulo. Confieso que tengo una especial predilección por este tipo de apartados, cumplen ese cometido de incorporar al orden jurídico-político los nuevos valores. Es el caso de los conceptos de “buena gobernanza”, “solidaridad”, “dignidad”, etc. También cumple su papel en materia de derechos humanos. Aunque quizá el gran acierto de este texto sea su capacidad de integrar Marruecos en el orden internacional. Destaca ese compromiso explícito en la construcción de espacios internacionales en una geografía de la pertenencia: el Maghreb, África, la  vecindad mediterránea, el Sur (¡qué acierto!) y en general todos los países de la tierra. Volveremos sobre este texto.
El segundo marco lo sitúo en el título IX, dedicado a la organización territorial, con remisión al espléndido trabajo desarrollado por la Comisión para la Regionalización Avanzada.
Sin embargo la gran novedad estiba en ese interesantísimo título XII donde se construye ese nuevo pilar del orden  constitucional de la buena gobernanza. El título se articula alrededor de cuatro secciones: los principios generales con una carta de derechos frente a los servicios públicos, la exigencia de transparencia, y el carácter independiente de las instituciones encargadas de esta gestión; luego las instituciones se reparten en tres áreas, promoción de los derechos humanos, con instituciones como el Mediador, consejos como el de Derechos del hombre, Migraciones o Igualdad; de regulación de las administraciones, como la Alta autoridad para la Comunicación audiovisual, el Consejo de la Competencia o la Instancia de Lucha contra la corrupción y, por último, las instancias de desarrollo y democracia participativa, con especial atención a la educación, la familia  y la juventud.
Como decimos, algunos de estos instrumentos ya existían en el sistema marroquí, otros eran ya comunes al constitucionalismo moderno, la novedad estriba en su propia ordenación constitucional. De entrada su constitucionalización, pero sobre todo su agrupación en un único y sólido título. Construido de esta manera el sistema de la buena gobernanza se equipara al resto de los grandes títulos históricos alcanzando un cierto equilibrio que nos aboca a una necesaria lectura: estamos ante un nuevo sistema de poder. Junto al clásico sistema institucional de los Tres Poderes, se desarrolla una nueva fórmula. No estamos ante una mera “Administración autónoma” como apunta cierta doctrina francesa, donde el relieve constitucional de estas instancias, cuando existen, queda absorbido por el clásico sistema tripartito, su concentración en un título específico impide esta lectura. Son instrumentos al “servicio de”, pero no son Administración en el sentido jerárquico del término. Y esta será la clave de su éxito.
Ahora bien, la incorporación de estas nuevas instituciones o el mismo desarrollo novedoso de esas otras ya existentes ¿Constituye una novedad suficiente para hablar de una nueva etapa constitucional? Mi propuesta es que sí. Parafraseando a Thomas S. Kuhn, podemos decir que estamos ante un nuevo paradigma del orden político.
La democracia moderna, es decir, el sistema de gobierno desarrollado a partir de los modelos revolucionarios francés y norteamericano, se asienta sobre dos pilares que reflejan, a su vez, ese juego dialéctico tan caro a la Modernidad, el binomio Sociedad civil y Estado. Los dos pilares son: la nueva organización política fruto de la soberanía popular y la proclamación como inherentes a la persona de una serie de derechos definidos como fundamentales. Sobre el primer pilar se asienta la configuración del sistema de separación/división de poderes, todo ese complejo mito que, arrancado de una vieja metáfora romana, llevó a los autores dieciochescos a proponer los cánones de la organización democrática. El éxito de la propuesta de Montesquieu (o lo que nos hemos inventado de ella) nos ha llevado a cerrar el universo discursivo del sistema democrático a esa “división/separación” entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La mítica de ese número (tres) no es difícil vincularla a la propia tradición grecocristiana de la cultura occidental: el dogma de la Santísima Trinidad.
Sobre el segundo pilar, construido sobre las declaraciones que se repiten con las proclamas revolucionarias, se perfila la identidad del nuevo protagonista de la Modernidad: la persona, sujeto sobre el que gravita el discurso político moderno (tampoco erraríamos, siguiendo las recomendaciones del gran jurista prusiano, viendo ahí esa idea que, nacida en el pensamiento estoico -la “humanitas”-culmina con su recepción cristiana en la persona de “El Hijo” protagonista indiscutible de la theologia crucis). Nace así una dialéctica entre “Sociedad civil”, es decir, el marco específico de las relaciones entre las personas en su individualidad y “Estado”, superestructura donde se ubica el poder político y, tras él, la soberanía. Confrontación polémica sobre la que se construye la nueva sensibilidad política. Justamente será ahí donde se ubique la propuesta de Benjamín Constant al confrontar los dos modelos de libertad apostando decididamente por la segunda: la libertad de los Antiguos, en el marco del Estado, y la libertad de los Modernos, definida en la individualidad de la persona. Los términos “Público” y “Privado”, y su uso moderno, resultan consecuencia inmediata de esta “diairesis” en la que se disecciona el orden político. Pronto los textos constituciones vendrán a recoger esta dicotomía, justificada por los autores como dos grandes bloques conceptuales, las partes “dogmática” y “orgánica”. Dos partes no siempre bien conciliadas en la doctrina.
En una primera lectura, el surgimiento de este nuevo sistema de “la buena gobernanza” que tanto nos ha llamado la atención podría presentarse como una especie de superación dialéctica entre esos dos polos (público y privado) que parecen dominar el discurso constitucional y lo hace incorporando, en el seno del estado, mecánicas propias de la sociedad civil en la garantía de los derechos fundamentales.
La realidad es que el constitucionalismo revolucionario que surge con la Revolución Francesa no padecía de esa esquizofrenia dogmática. De entrada esa proclamación de derechos no constituía una parte específica de su texto, redactados siempre como “Declaraciones” y formuladas separadamente, fueron en algunos casos incluso anteriores a la redacción del texto constitucional. La Constitución era la proclamación directa de esa soberanía popular ya que el pueblo, en cuanto soberano, no necesitaba normatizar sus derechos. Era soberano y punto, es decir, la fuente de todo poder. La palabra soberanía venía justamente a reconocer esta plenitud. No había poder alguno sobre él ¿Qué necesidad había de construir normativamente el derecho a la libertad del que era, por definición, el soberano? Este juego dialéctico hacia que la Declaración de Derechos no necesitase ser una norma jurídica. En medio del positivismo revolucionario, la naturaleza del hombre quedaba fuera de toda urgencia legislativa. Pero al mismo tiempo la misma Constitución tampoco era, ni necesitaba ser tampoco  norma jurídica.
La realidad es que esa dialéctica entre Sociedad civil y Estado no va a comenzar hasta el fracaso del acontecimiento revolucionario. Tras el debut republicano, y ya con el Imperio se abre un proceso de burocratización que termina por separar radicalmente los conceptos de estado y sociedad generando ese aparato gigantesco de la Administración verdadero “clon” bastardo de la misma idea del estado. Por eso, a partir de aquí, junto al mito orgánico de la división de poderes se va a ir incorporando otro mito (ya marxiano) de una sociedad civil organizada, enfrentada al poder desorbitante del aparato burocrático del estado. De esta manera, contra esa prohibición de los cuerpos intermedios tan querida al pensamiento revolucionario, renace toda esa sociedad civil orgánica y viva. Gremios, asociaciones, corporaciones, partidos, sindicatos, ligas, mil tipos de organizaciones que, interpuestas entre el estado y el individuo, incorporaron una cierta negación del estado como razón suprema.
Esta línea saturará los modelos constitucionales. Es por eso que es en los albores del siglo XX cuando se desarrollará la gran transformación del constitucionalismo clásico. Ahí nacerá esa idea de la supremacía constitucional como garantía frente a un legislador que, aunque democrático, se percibe como expresión de ese estado; o la nueva dogmática de los derechos fundamentales, definidos ya como normativos.  Una dogmática, desde un principio, repleta de contradicciones ¿Cómo separar los poderes si la soberanía es única? ¿Cómo consagrar derechos en detrimento de la libertad normativa del pueblo como poder legislativo? Son estas contradicciones los que pronto exigieron nuevas mecánicas, aparatos acoplados, estructuras compensatorias que se fueron incorporando a los textos constitucionales como nuevas instituciones que rediseñaban el sistema de los Tres Poderes. Quizá el primer paso en este proceso fue la construcción del Tribunal Constitucional, órgano de difícil encaje en un sistema de soberanía popular pues necesariamente viene a enmendar la plana al quehacer del soberano, es decir, del pueblo.  Se sacraliza así la constitución como el nuevo Becerro de oro.  Hombres como Guizot proclamaron aquello de que “no me inclino ni ante el rey ni ante el pueblo, solo lo hago ante el texto sagrado de la constitución” .
Y es ahí donde también se ubican las otras crisis de esa soberanía popular, el proceso de territorialización, verdadero dilema diabólico para el pensamiento jacobino,  el paulatino nacimiento de nuevos instrumentos constitucionales: Consejos Económicos y Sociales, o esa extraña institución, que el constituyente español denominó con gran fortuna “El Defensor del Pueblo”, extraña porque, siendo el pueblo soberano, ¿Por qué necesita de alguien que le defienda?.
Es cierto que en el texto que hoy analizamos no hay una abierta oposición al viejo constitucionalismo. Ahí se aprecian tanto esas partes dogmática y orgánica, como el “mantra” de la separación tripartita de poderes, sin embargo, esta es mi tesis, hay ya una verdadera solución de continuidad. Un problema de “masa crítica”. Un punto de no retorno que nos incorpora a una nueva época. Por otra parte no me extraña que este experimento se haya dado en Marruecos. No podemos renunciar a ver en estas estructuras la consolidación de una práctica marroquí que ya había acreditado su eficacia. Estructuras como la “Instancia de Equidad y Reconciliación” que ya abrió un interesantísimo debate social, o la novísima “Alta instancia para la reforma normativa”, son buena prueba de ello.
Pero esto nos remite a una nueva cuestión: El  nuevo modelo ¿Es más o menos democrático que el anterior? La respuesta, y ya estamos en el marco de las conclusiones, no puede ser meramente dogmática. El concepto soberanía si ya fue desde su origen excesivamente teórico, en estos comienzos del siglo XXI se vuelve radicalmente evanescente tensionado desde mil requerimientos diferentes. La gigantesca maquinaria burocrática, los poderes económicos, los movimientos sociales, unas relaciones internacionales que dejan poco hueco a las decisiones estatales, el peso de las dependencias culturales y religiosas radicalizadas tras su autonomía institucional, la autonomía territorial, ese entramado social repleto de reclamo ético de las ONGs. Nada de todo esto cabía en la vieja dogmática constitucional. Ahora, simplemente, lo real vuelve a ser racional. Se pasa a reconocer que, pese a ser soberano, ese pueblo deviene la víctima propiciatoria del poder exorbitante del estado, que los poderes económicos terminan imponiendo sus leyes y lo hacen siempre sobre el pellejo del más débil, que como personas tampoco somos mónadas aisladas sino que afortunadamente vivimos integradas en mil redes sociales, vínculos que afectan no solo a nuestra individualidad humana, sino que se proyectan en una realidad cultural y medioambiental, en una ecología de nuestro ser que nos define como personas y como animales. Mitos, creencias, esperanzas, ese reclamo al que debe responder eso que, ya por mera costumbre, seguimos llamando sistema constitucional.
Por eso nos atrevemos a hablar de una nueva etapa, pero por eso mismo también proclamamos que es en esos complejos títulos IX, XI y XII donde se juega su destino. El reconocerlos como verdaderos órganos constitucionales y no anclarlos en la vieja estructura de los Tres Poderes, dándoles plena visualidad y presencia institucional ha sido el primer paso. Ahora queda dotarlos de verdadero contenido, convertirlos en instrumentos de progreso y modernidad. No hay una carencia de mandatos que permitan cerrar este propósito. Ahí radica la importancia primordial del texto del Preámbulo. Basta leer su primer párrafo: “Fieles a la elección irreversible de construir un estado de derecho democrático, el Reino de Marruecos persigue resueltamente el proceso de consolidación y fortalecimiento de las instituciones de un estado moderno fundamentado en los principios de participación, pluralismo y buena gobernanza. Desarrollará una sociedad solidaria donde todos disfruten de seguridad, de libertad, de igualdad de oportunidades, del respeto a su personalidad y de la justica social en el cuadro del principio de correlación entre los derechos y deberes de los ciudadanos”.
La idea de buena gobernanza, y esta es la conclusión a la que queríamos llegar, se define sin lugar a dudas como principio constitutivo del sistema. En este texto aparece de forma paralela a los otros principios configuradores de la organización política clásica: la participación y el pluralismo. En lógica sistémica esas instituciones que configuran esa buena gobernanza quedan equiparadas a la misma estructura de poderes.
La incorporación de conceptos como “Modernidad”, “Avanzado”, “Progreso”, las exigencias de “Solidaridad”, “Descentralización”, “Democracia”, el reconocimiento de los sindicatos y partidos políticos, la vida parlamentaria (y la oposición), el estado de derecho, son sendas irreversibles, el Preámbulo dixit, hacia un estado moderno. No faltará quienes digan que esto no son más que palabras, pero es que una constitución es fundamentalmente esto, un texto. Así nació en sus primeras expresiones. Un texto que alcanza su fuerza, no tanto en su valor enunciativo sino en esas resonancia donde, tras las palabras, se deja escuchar la voz de la sociedad. Esta es quizá también su gran diferencia con las (¿otras?) normas jurídicas. Frente al carácter deóntico de las leyes, y qué decir de los reglamentos, cuyo carácter imperativo viene respaldado por los poderes del estado, el texto constitucional viene a funcionar a la manera inversa. Carente absolutamente de una eficacia garantizada por un poder superior, encuentra solo su valor en la capacidad de incorporar a la multitud, en la expresión de Spinoza, al proyecto del estado. Es a esto a lo que llamamos ciudadanía, por eso la Constitución solo reposa en la voluntad permanentemente expresada por esa ciudadanía (ese “referéndum de todos los días” que nos proponía Renan), de constituirse en nación. Y a Marruecos no le falta esta voluntad.