Cinco medidas (entre otras) contra la corrupción política.

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Cinco medidas contra la corrupción

La solución es simple y la sabemos. O la ponen en práctica los que ahora tienen el timón del barco o, como en “El motín del Kaine”, habrá quién les arrebate la dirección del país. Una elemental higiene política administrativa requiere, al menos, lo siguiente:
1.- Abrir una auditoría que repase con rigor la vida económica de las principales instituciones del Estado durante, al menos, los últimos diez años. La Corona, las dos Cámaras legislativas, los Ministerios y los grandes tribunales deben limpiarse de todas sus miserias y, si están limpias, deben poder proclamarlo sin el miedo a escándalos que puedan aparecer en el futuro.
2.- Promover un proceso paralelo en el resto de órganos territoriales, comunidades autónomas y ayuntamientos, hasta los más pequeños. Hay que partir de una expresa definición de limpieza que garantice un nuevo pacto social.
3.- Exigir la renuncia inmediata de todos aquellos que, en los casos de detectarse escándalo, mantengan todavía algún tipo de responsabilidad política o institucional. Para esto, todos los partidos deben comprometerse a apoyarse en las oportunas acciones contra los señalados por corrupción. Esto, digo, para los casos de responsabilidad política.
4.- En los casos en los que, además, haya otro tipo de responsabilidades, instar a la fiscalía y actuar para la más ejemplar reacción jurisdiccional.
5.- Establecer normas detalladas y rigurosas sobre el uso de los dineros públicos sometiéndolos en todo  caso a sistemas de transparencia total. Transparencia total, esta es la clave.
Para conseguir este último punto propongo una medida barata y sencilla: establecer una página WEB que recoja, institución por institución, la integridad de gastos soportados por partidas de dinero público. Ahí irían las remuneraciones brutas de todos los que cobran del erario, los contratos de todo tipo, hasta la compra de bolígrafos, pago de fiestas o cualquier otra cosa. En definitiva, sería volcar en esta web la integridad de la contabilidad que, de una forma u otra, se satisface a cargo de los impuestos. Se dejaría, así, al escrutinio de los ciudadanos. Soy consciente que la masa de datos sería inmensa y, por eso mismo, imposible de controlar desde una instancia fiscalizadora. La ventaja que tendría este método es que deja al público en general el análisis e inspección de las cuentas que le apetezcan. Lo bueno del método es que abre la oportunidad a todos los interesados y, tenerlo por seguro, siempre hay alguien interesado en conocer qué sucede en tal o tal oficina, institución o negociado.
Al someter toda contratación al dominio público reduce enormemente las posibilidades de corrupción. Todo aquel que queda fuera de la licitación o el mismo curioseo, facilitarán la labor de escrutinio.
En todo caso la sociedad debe empezar a asumir los recursos de la Hacienda pública como parte real de su patrimonio. Empecemos a leer la Constitución en la radicalidad de sus palabras. El estado, la sociedad, es una verdadera comunidad de bienes (“Toda la riqueza del estado, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”) y este interés general no es otro que “asegurar a todos una digna calidad de vida”. Por eso los Poderes públicos (del Rey al Alcalde del municipio más pequeño) no tienen otra función que “remover los obstáculos que impiden o dificulten” el disfrute de estos derechos. ¿Qué que es “una digna calidad de vida”?, nos lo dice la misma Constitución: El derecho al trabajo, a la sanidad, a la educación, a una vivienda digna y adecuada, a la plenitud de la persona…. Y debemos tenerlo claro, cada gasto que emprende el estado debe estar subordinado de forma directa a la eficacia de estos derechos. Construir un hospital es básico para favorecer la sanidad, construir una comisaría también lo es para garantizar la seguridad. Estos son los gastos que nos interesan y los que debemos aplaudir. Sin embargo no le encuentro función social alguna construir un pabellón de caza para las cacerías del rey. Muy fino tienen que hilar los lacayos y palafreneros reales para convencerme de que ese pabellón de caza contribuye a la eficacia de la sanidad pública o sirve para conseguir que todos los españoles tengan una vivienda digna y adecuada. Por eso, son este tipo de gastos los que en ningún momento podemos permitir y los que deben hacer saltar todas las alarmas sociales.
Apreciar si esos cien, mil, un millón de euros gastados desde tan o cual institución, se destina realmente a contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos es y debe ser una tarea de todos.