Manifiesto para una segunda transición: Panfleto para una lectura radical de la Constitución III.

Qué pretendemos. No pretendemos, sino todo lo contrario, sacralizar la obra de los padres constituyentes, pero  no podemos permitir la más mínima reducción de su contenido positivo. La lectura radical se opone, así, a esa lectura mojigata que pretende ningunear al ciudadano. Ni el Parlamento, ni el Tribunal Constitucional, ni el conjunto de jueces que ejercen la función jurisdiccional tienen ninguna exclusividad en la interpretación de la Constitución. Todos ellos no son más que órganos delegados de la potencia superior del Soberanoconstitucion2. Jamás nos podemos cansar de recordar que todos los poderes, en una sociedad democrática, proceden únicamente del pueblo. Ya va siendo hora de rescribir todos esos libros de “protocolo” más  cercanos al “minué” dieciochesco que a la modernidad democrática. No hay que recordar que ministros, presidente, jueces y parlamentarios no son más que servidores del único soberano que es el pueblo. El único que, por sí mismo, merece los honores. Por eso esta lectura radical de la Constitución que aquí emprendemos entraña una segunda transición.  El modelo político de los últimos treinta años ha quedado obsoleto. No es sólo que no nos gusten algunos de los muebles que hemos heredado, es que al olvidar la verdadera función democrática han aparecido nuevos poderes que se imponen sobre la voluntad ciudadana. Poderes económicos, los denominados “Mercados”, fuerzas más o menos ocultas que tratan de aprovecharse de nuestra debilidad.

Frente a todo esto, frente a las cutres reminiscencias de un pasado ya definitivamente superado -¿No sentimos vergüenza cuando vemos a esos cortesanos de la política y la prensa doblar el espinazo ante “sus majestades los reyes”?-, pero sobre todo también frente a la humillante entrega a los nuevos poderes del miedo y del hambre. Nuestro bochorno trasciende el folklore coronado, en medio de la crisis que nos devora, en medio de la pérdida de tantos años de conquistas sociales, es hora de decir ¡Basta! Y decirlo desde ese  mismo texto con el que nos hemos constituido en nación. Desde la misma Constitución.

Tengámoslo claro desde el principio. Ni el Parlamento, es el Poder legislativo, ni los jueces son el Poder judicial como escriben algunos meapilas. Tanto el uno como el otro, poder legislativo como poder judicial –la “iurisdatio” y la “iurisditio” de los tratadistas bajomedievales- competen únicamente al pueblo soberano. Sólo de él emanan y son radicalmente indelegables e inalienables.

Nuevamente los meapilas, convertidos en constitucionalistas, hablarán de una cesión, de un ejercicio diferido, de una administración otorgada a cuerpos especializados: jueces, juristas, diputados, congresistas, … Nada de eso nos dice el texto constitucional. Los jueces “administran” el Poder Judicial (art. 117) como el capataz “administra” una finca a beneficio de su propietario, ¿Renuncian a algo los dueños de una casa al conferir la administración a una persona especializada? En absoluto. El juez que dicta una condena está al servicio, incluso, de esa misma persona a la que juzga, como el gobierno en pleno debe estar al servicio de los ciudadanos a los que asiste. No por nada los miembros de su Consejo se llaman “ministros”, es decir, “servidores” (“ministriles” se llamaba a los criadillos en las casas burguesas del Madrid decimonónico, aún una calle recuerda su gremio). “Criados”, en esa rancia terminología de la España profunda. Lo fueron del viejo monarca absolutista en cuyo régimen apareció el término y de igual manera lo son ahora del nuevo soberano colectivo que es el pueblo. En el viejo Bizancio, incluso, se les castraba. Eunucos al servicio del emperador.

De ahí la necesidad de esa lectura radical que borre tanta anotación espuria, tanto experto y tanta criada “respondona”, como dirían mis abuelos, que limpie la Constitución de tantos comentarios falsos, extraños a su texto y con los que se quiere descafeinar la potencia trasformadora del acto constituyente. Tanta costra enquistada que nos impide llegar directamente a los rasgos de sus letras. En definitiva, tanta teología y latín, como denunció Lutero, de una Iglesia corrupta que quiso impedir el acceso del mundo cristiano al texto directo de la Biblia. Si la reforma luterana vino a proponer la inmediatez entre el creyente y las Escrituras, la lectura radical busca lo mismo: provocar un contacto inmediato que reinstaure la potencia creadora que encierra el texto constitucional.

Todo esto supone esta lectura radical de la Constitución. Como lo es la vida o la libertad, la soberanía también es innegociable. Con ello no nos referimos a la estúpida exigencia de los nacionalistas de todo tipo, la soberanía reside igual en el pueblo sea éste el pueblo vasco, el español o el europeo, la soberanía reside en el ciudadano. Al ingresar en Europa e incorporarnos al gran proyecto de la Unión no hubo cesión alguna de soberanía, como tampoco se pierde esa soberanía por el reconocimiento nacional de cuantos territorios lo reclamen (las lecturas de los meapilas, que venimos diciendo). El pueblo es soberano en cualquiera de sus dimensiones, como Cataluña, como España o como Europa. Ahí radicó el fracaso de la llamada “Constitución Europea” texto descafeinado por el que, nuevamente, se quiso escatimar la plenitud del acto soberano. Hablar de soberanía es asumir que la política es algo que nos compete a todos. Con el Titanic hundiéndose no es el momento de ceder el poder a los tecnócratas. Como vemos a diario, los “capitanes” de hoy día son los primeros que saltan del buque ocupando los mejores botes salvavidas. Nunca fue más necesario el coraje político. Nunca hemos tenido tan claro que la política no es cosa de expertos, que los clérigos siempre terminan traicionando a sus dioses, que los profesionales cada vez lo son menos. O ¿Es que no fueron ellos los que nos metieron en la crisis, los que jamás vieron los errores, los que buscaron antes sus intereses que los pueblos a los que representaban?

Por eso es necesario poner nuevamente a todos en su sitio. A los que sirvan dándoles el correspondiente mandato para que se pongan a trabajar. A los que no sirvan, porque ya han agotado su función o porque consiguieron su relevancia bajo el miedo y la coacción, démosles definitivamente el finiquito. Eso sí, sin rencores ni protestas, pues si prestaron algún servicio, que sepan que se les ha pagado con creces.

Por eso este proyecto no es un tratado al uso que, frente a la diafanidad de la Constitución pretenda construir un discurso almibarado. Tampoco es una propuesta esotérica que recree el misterio de los textos sagrados. No hay teología que valga. Tampoco es la recreación ensoñada de una Utopía que se quede sólo en los buenos sentimientos. Esta lectura es, por el contrario, una propuesta de acción que, rescatando el sentido inmediato de las palabras que pronunció el constituyente, -que pronunciamos día a día como poder constituyente-, busca reabrir la puerta a ese continuo proceso de construcción de una democracia plena y madura.

Una lectura crítica y radical, como decimos. Crítica en cuanto se propone la máxima textualidad posible descargando el texto de toda la  farfolla y palabrería con la que se ha pretendido apagar su poder creativo. Radical en cuanto pretende llevar estas premisas a sus últimas consecuencias, es decir, a sus raíces más profundas.

Hay que tener en cuenta que el texto constitucional se articula en el fluir de todo un discurso complejo. El discurso de una época, es decir, el lenguaje común de un momento histórico con todo el cúmulo de sus tópicos, sobreentendidos, guiños y culturas que hacen de cada palabra todo un sintagma expresivo. La Constitución introduce en su texto todo ese saber acumulado a lo largo de la vida del lenguaje con sus resonancias históricas y los recuerdos, a veces inconscientes, que han ido adquiriendo ciertos términos.

El mismo concepto Constitución aparece privilegiado, ya desde el siglo XIX y sus revoluciones liberales, de una connotación cargada de libertad y progresismo. Pero junto a este saber popular también hay todo un saber científico que, poco a poco, y consecuencia de la constante interacción entre teoría y práctica, ha llevado a los propios constituyentes a sentirse “constitucionalistas” incorporando saberes técnicos a una norma que, no nos cansaremos de decirlo, debe estar por encima de toda esta carga de especialistas. Por eso la Constitución actúa como un auténtico texto lingüístico: por un lado da por sabidos términos sobre los que descarga una plena conciencia de su carácter común: pueblo, nación, poder, jueces, etc., aparecen como palabras asociadas directamente a un topos que se pretende como tradicional. Pero por otro lado recrea el sentido de otros términos, proponiendo un sentido nuevo, creado con la voluntad de producir un espacio –el espacio democrático- inexistente hasta ese momento.

La Constitución es así un combinado de propuestas de alto contenido político envueltas en un lenguaje mixto: lenguaje ordinario, aunque salpicado voluntaria o involuntariamente de tecnicismos jurídicos. El constituyente, por un lado, busca la inmediatez del lenguaje consciente de que redacta un texto metajurídico, más allá de los tecnicismos del lenguaje de los juristas. Pero a la vez también escribe como jurista –lo eran la mayoría de los diputados y senadores a los que les competió redactar el texto- para potenciar la calidad técnica de su discurso, evitando de esta forma las ambigüedades y contradicciones del lenguaje ordinario. Así es el texto al que nos vamos a enfrentar. Un texto que tendremos que escudriñar con las armas del sentido común como única hermenéutica, pero, sobre todo, con la conciencia plena de que al ser lectores del texto somos también los escritores del mismo. Conciencia que nos convierte necesariamente en los autores de la Constitución y que deposita en nosotros, por el mero hecho de leerla, la enorme responsabilidad de recrear el acto fundacional en el ejercicio puro del poder constituyente. Pese a los tecnicismos, es necesario comprender esto hasta el tuétano, la sustancia básica del texto es la lengua vulgar con la que todos nos expresamos. Lengua del vulgo, es decir, del pueblo pues es el pueblo el que habla en cada uno de sus artículos. No hay nada incomprensible en su texto, ni nada que requiera el auxilio de especialistas y expertos. El texto habla del pueblo para el pueblo. Ahí se contiene toda su potencia creadora y, frente a tanto interprete voluntario o exegeta aficionado, cabe reinstaurar un grito nuevamente revolucionario: “Ciudadanos del mundo ¡Uníos!”.