Lectura radical de la Constitución de 1978

Lectura radical de la Constitución de 1978

Planteamiento.

Entendemos por democracia un modelo de organización política donde se dan las siguientes características: a) El poder se define como ascendente. Asumida la vieja metáfora piramidal con una cúpula ejecutiva en lo alto, una democracia debe configurarse de tal forma que la titularidad, fuente y dominio del poder político residan siempre en el pueblo, que es, por ello, el encargado de la designación, nombramiento y destitución de todos los cargos con ejercicio público. b) Toda la actividad ejecutiva y de responsabilidad política se define como “cargo”, es decir, como expresión de función gestora al servicio de ese soberano que es el pueblo.

Una función gestora encomendada a unos elegidos entre todos pero con los que, el resto, mantiene, en todo caso, una relación de igualdad. c) Que, si bien es cierto que todos, cargos y el resto de miembros de la comunidad política, son iguales en cuanto ciudadanos, esos que reciben el encargo –“cargo”- de organizar la dirección/gestión de la sociedad, en cuanto piezas de esa organización política, quedan, mientras ejercen su función, en una posición de subordinación y servicio frente al resto que, al actuar como ciudadanos, constituyen la expresión de la soberanía. Es decir,

 

la posición de responsabilidad nunca puede suponer una posición de superioridad ni de ventaja sobre el resto, al contrario, en todo caso esos cargos deben tener plena conciencia de su función de servicio (servicio público) ante  el resto de los ciudadanos.

 

portada_dialectica_olivan_webEn todo caso el cargo es siempre voluntario y debiera ser temporal, lo que justifica la carga (el peso de su ejercicio) y facilita la liberación de la misma.
De estas premisas debemos deducir el resto de coordenadas que regulan la estructura democrática: 1.- Imperio de la ley en cuanto expresión de esa voluntad general del pueblo, 2.- Primacía de la persona en cuanto fin último de todo el orden jurídico-político, 3.- Organización funcional (que no separación de poderes), con distribución de esas funciones entre las grandes instituciones del estado. Recordemos, el poder es único y reside en el pueblo, sede de la soberanía, por eso las funciones que alcanzan los cargos han de ser siempre parciales (de ahí el concepto de separación) con expresa prohibición de que un cargo pueda acumular el sumatorio de esas funciones repartidas, pues en este caso terminaría sustituyendo al mismo principio soberano.
Esta última es, quizá, una de las principales diferencias con la idea de monarquía donde el rey (Mono Arkos, un solo poder) acumula todas esas funciones asumiendo la plenitud de la soberanía. Con ello queremos reafirmar una idea, las tres características clásicas de los sistemas democráticos contemporáneos (Respeto de los Derechos Humanos como expresión de la persona, Separación de poderes e Imperio de la ley) no son fines en sí mismos, sino meras consecuencias de la verdadera definición de la idea republicana: el reconocimiento radical de que todo el poder político reside en el pueblo, que, por lo tanto, toda función de organización y “mando” se ejerce siempre y solamente como cargo, es decir, como actividad encargada por ese pueblo y vinculada siempre al mismo, que, por eso mismo, ese pueblo debe mantener siempre su supremacía en todos los órdenes, incluido el protocolario y que, por último, esta función, aunque aparezca como de “mando” es en realidad de servicio.
El piloto de un avión privado, para poner un ejemplo, podrá obligar a su pasajero, aunque sea el propietario del aparato, a abrocharse el cinturón de seguridad para la maniobra del despegue. Ahora bien, esto lo hará, de entrada, para el beneficio de ese mismo pasajero y solo en su condición de técnico experto en el vuelo. Su responsabilidad es hacer seguro el viaje. Eso sí, nunca, pese a ello, aparecerá confusión alguna de quién es el jefe y quién el empleado: el piloto, aunque se denomine comandante, está al servicio de su pasajero que es su patrón y quien le ha contratado.  Esta y no otra es la relación entre el cargo y el pueblo.
De la misma manera, el general de un ejército está al mando de la tropa pero, de nuevo, esto ha de entenderse como cargo y servicio. Como general es el experto en la adecuación del grupo a la lucha, por eso es el encargado de dar las instrucciones, pero los soldados, en cuanto son ese pueblo en armas, constituyen la verdadera expresión de la soberanía. Los soldados están, en cuanto ciudadanos, por encima de ese oficial por alto que sea su rango. Lo mismo le sucede al profesor respecto a sus alumnos, al médico respecto a los pacientes o al funcionario en general respecto a los administrados. Pero también, en un sistema auténticamente democrático, esto mismo le sucede al juez respecto a los justiciables, el reo incluido. Al juez se le pide que resuelva el conflicto según las leyes, pero tanto él como el fiscal, los abogados, secretarios y el resto de funcionarios, están ahí como cargos de servicio, sólo ese que se sienta en el banquillo está ahí como ciudadano pleno. Es él el que reclama justicia, él es ahí el único soberano. Y lo mismo le sucede a todo el aparato legislativo compuesto de parlamentarios y senadores, también todos ellos no son más que cargos, es decir, personal al servicio del pueblo como soberano.
Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo son meras expresiones de esa soberanía cuyo único titular, en ese sistema que se defina como democracia, no es otro que el propio pueblo.