Una reflexión para el 2009
Pese a la amenaza del derrumbe financiero del bienio 2008-09, la sociedad iberoamericana sale de un largo letargo. Las largas crisis político-económicas de décadas anteriores abocan a un escenario nuevo que apunta decididamente hacia la esperanza. Regímenes democráticos actúan en prácticamente todo el mapa del continente, sin embargo el horizonte no está exento de nubes ni el proceso de democratización resulta de una linealidad inquebrantable y unidireccional, nada, salvo la propia acción de las personas, puede impedir el retorno de las situaciones de crisis que asolaron la vida del Subcontinente.
Es cierto que los regímenes políticos no son indiferentes a la economía, pero también la frase puede invertirse reconociendo que la economía –y su desarrollo- resulta parte sustancial e insustituible del desarrollo político. Hay así una profunda implicación de ambos valores, oikeron y koinon resultan la cara y la cruz de una realidad compleja e indivisible, triángulo virtuoso construido por la trilogía de gobernabilidad democrática, cohesión social e integración, es decir, la existencia de un sistema normativo compatible, donde el ciudadano debe ser el eje central de todo proyecto. Un proyecto que debe reinventar tanto la idea de gobierno como la de ciudadanía.
Para llegar a este fin desgraciadamente no hay una “hoja de ruta”, pero en cambio sí existen valores y principios incontrovertibles que nos sirven de faros orientadores y nuevamente, como dijo el poeta, se hace camino al andar. Son necesarias reformas institucionales y esto tanto para las estructuras formales como para las informales, pues es sobre estas últimas, principalmente, sobre las que se asienta el modelo de sociedad avanzada que pretendemos.
EL ESTADO DE DERECHO COMO MODELO BÁSICO DE SOCIEDAD DEL BIENESTAR.
Hemos planteado una reinvención del gobierno y la ciudadanía lo que entraña, ya en sociedades democráticas, la recreación del Estado. El Estado de Derecho necesariamente se presenta como algo complejo, una estructura que sepa incorporar plenamente la ciudadanía evitando la quiebra de la estructura social.
Como apunta el profesor Fernando Carrillo, Iberoamérica ha tenido presidencias fuertes, estados débiles e instituciones escuálidas (BID, 2003), deduciéndose de ahí un déficit de Estado cuya superación se convierte en la máxima urgencia para el desarrollo de la democracia. Pero para ello no es suficiente el mero desarrollo del aparato burocrático, como ya se ha conocido en este espacio, creando situaciones de asfixia civil, sino la potenciación del elemento ciudadano. Lo urgente no es crear administraciones sino nuevas formas de participación ciudadana dentro de esas mismas administraciones. Es decir una ciudadanía dentro del Estado y no, como también se ha conocido y con nefastos resultados, al margen del mismo. Tal y como compusieron los viejos ilustrados escoceses del XVIII, la Sociedad Civil y el estado deben ser una misma cosa. Ahora bien, ¿Cuál es la mecánica que puede permitir este desarrollo armónico?.
Esta pregunta es, en definitiva, la pregunta básica de todo proyecto de modernización democrática. Las respuestas equivocadas, sobradamente documentadas en el continente y fuera de él, conducen irremediablemente a crisis de gobernabilidad y, desde ahí, a los nuevos riesgos de catástrofe. Y sin embargo la respuesta no es solo un reto para Iberoamércia. Como en el entrañable cuento de Tolstoi, “La cebolla”, la salvación es algo que nos compete a todos y no se puede afrontar de forma individual. El siglo XXI se proyecta así como un abanico de posibilidades en el que Europa también está plenamente implicada. La crisis del modelo de Estado de Bienestar también ha dejado a Europa huérfana de un modelo propio, lo que compromete, aún más, las respuestas.
El estado de derecho se vuelve así, de entrada, la garantía de esa plena integración, pero aún más el motor de la misma, al devenir el escenario privilegiado de la participación ciudadana.
De esta manera, el clásico modelo de separación de poderes recupera su pleno entronque democrático. Frente a la valoración catastrofista que propuso el informe de la Comisión Trilateral de 1975 cuando apreció, en el inicio de la crisis del Estado del Bienestar los rasgos de ingobernabilidad que erosionaban las democracias occidentales, principalmente en ese crecimiento de la exigibilidad ciudadana que conlleva el estado social, el modelo de estado de derecho integral procede a incorporar esas demandas sociales en el marco explicito del derecho. De esta manera el participacionismo reubica sus demandas como proceso pleno de integración.
El robustecimiento del Estado como instancia básica de toda propuesta de Estado de Derecho resulta así la gran reforma pendiente para la plena consolidación de la democracia moderna. Un Estado de Derecho, como hemos dicho, complejo, recorrido por sus dimensiones social y democrática, instancia básica, como hemos visto, de la cohesión social. Un estado de derecho dinamizado por sus operadores jurídicos: jueces, fiscales y abogados, pero sobre todo de los ciudadanos. No debemos olvidarlo, el Poder Judicial –como el resto de Poderes- reside en el pueblo, del que emanan todos esos poderes del estado. Es desde la subjetividad del pueblo desde donde surge la Justicia a través del acto judicial, como lo hace la ley a través de sus representantes. Ni el poder judicial ni el legislativo es enajenable ni se puede ceder. Los jueces, como los fiscales y abogados que participan en la escenificación del proceso, no son mas que meros administradores o, como expresa la terminología más moderna, los operadores jurídicos que, desde su tecnicidad, alumbran esa Voluntad general.
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