“Ira y frustración”. Leo estas palabras, pronunciadas, según el periódico “El País”, por el Secretario General de la OTAN. Junto a esto toda la cascada de argumentos sobre el daño causado a la política exterior española. Dimes y diretes sobre el anuncio de la retirada de tropas españolas de la misión KFOR. Ya un auténtico “caso Kosovo”.

Soy consciente de la complejidad de la política exterior. De la cantidad de sujetos distintos que interactúan en ese espacio de las relaciones internacionales y, sobre todo, de esa dimensión inter-nacional que entraña, valga la redundancia, este tipo de política. Es decir, una política basada en una estructura carente de un sistema regulador constitutivo de un auténtico orden jurídico. Sujetos, es cierto que mutuamente dependientes, pero jurídicamente soberanos pese a la más o menos tupida red de instrumentos convencionales que tratan de poner orden en ese espacio de lo supranacional. Sin embargo lo que aquí me ha impuesto una reflexión es ese cierto “desparpajo” con que el señor Jaap de Hoop Scheffer ha tratado de resumir su posición.

Si el artículo recoge fielmente sus palabras nos encontramos ante la situación de que un alto funcionario, el más alto funcionario en concreto de una organización de la que España es estado parte, expresa su opinión personal y lo hace en unos términos absolutamente subjetivos. Ni la ira ni la frustración son formas de expresión institucionales, sólo se producen en el seno de la psicología personal o, a lo sumo y como extensión metafórica, en colectivos unificados hasta su personificación.

Mis preguntas son las siguientes: ¿Una Organización internacional puede concebir un estado de ánimo de “ira y frustración” hacia alguno de sus miembros?. La segunda pregunta nos acerca aún más a la línea argumental que quisiera desarrollar: El Secretario General de la OTAN –o de cualquier otra organización internacional-  ¿Puede expresar un estado de ánimo de ira y frustración frente a un estado parte?

Antes de aceptar el reto de proponer algún tipo de respuesta para estos interrogantes, sería bueno repasar algunos otros conceptos y con esto quisiera dejar de lado el tema concreto de este “Caso Kosovo” para desplazarme hacia un análisis más general.

Es cierto que vivimos en tiempos en los que está de moda despreciar y, permítaseme la expresión, “despotricar”, contra la malhadada “Soberanía”. El concepto de “soberanía” no sólo está en desuso sino que su mala prensa nos exige cogerlo con pinzas y guantes, sin embargo sigue siendo un concepto necesario y lo es por varias razones. De entrada porque, como apuntábamos al principio, no existe ningún sistema que “ordene” el espacio mundial estableciendo algún tipo de estructura como la que, todavía hoy por hoy, constituye el estado. Pese a los grandes avances del Derecho internacional la fuente del derecho, incluso de ese mismo derecho internacional, sigue siendo el estado que, a lo sumo,  “cede” su ejercicio –y de forma arto tacaña- a este tipo de organizaciones supranacionales o directamente internacionales. La OTAN, en este aspecto, no es ninguna excepción.

Pero también es importante destacar otro punto. Hoy por hoy, y aquí tampoco esta consideración nos debe llenar de satisfacción, la única expresión de la democracia es el espacio nacional. En definitiva, no todos los estados son democráticos, ni mucho menos, pero, desgraciadamente, sólo en el marco del estado ha sido capaz de fructificar la idea moderna de democracia. Esto no quiere decir -a ello acudiremos al final- que la democracia no se pueda predicar de otro tipo de espacios sociales, en la Antigüedad el concepto de democracia sólo era predicable de la ciudad constituida en Polys, pero a la fecha y desde el arranque de la Modernidad como fruto maduro de las revoluciones norteamericana y francesa, sólo hemos sabido construir la mecánica de la democracia política en el espacio jurídico definido como estado. El concepto “democracia” nos aparece, así, necesaria e íntimamente unido al de “soberanía”. En otros casos, asociaciones, partidos, grupos humanos, etc., lo que hay son “usos democráticos”, pero no Democracia, ésta es el “poder soberano del pueblo”, y esto sólo sucede en el nivel del Estado.

Lógicamente, todo lo demás son estructuras al servicio de esa entidad llamada estado. Si se me permite el símil, esas organizaciones internacionales se constituyen como una “comunidad de propietarios” donde la titularidad del inmueble corresponde –pese a los posibles espacios comunes- a todos y cada uno de los dueños.  Y solo a ellos.  Salvo, quizá, la Unión Europea, donde podemos vislumbrar que algo se mueve. Soy consciente de la maldad del ejemplo pero he querido marcar la radical diferencia entre propietario y administrador. En el caso del derecho público que nos ocupa, entre “soberano” y “funcionarios”, y esto tanto para el derecho internacional como interno. Y aquí no se salva ni la U.E. y el pesado lastre de “déficit democrático” que arrastra desde sus orígenes.

La reflexión que quisiera incorporar atañe especialmente a la época que nos toca vivir, en medio de una crisis que amenaza con tragarse el mundo de seguridades en el que hemos vivido los últimos lustros. Y es que, tras años del sofisticado juego que impusieron los denominados expertos, técnicos y altos funcionarios, tras la exitosa rebelión de los “clérigos” –auténtica “traición” a su propia naturaleza- que encumbró la técnica sobre el valor de la política, es hora de recuperar los fundamentos básicos de la radicalidad democrática. Es hora de recordar sobre qué premisas se asienta el sistema para que merezca el calificativo de moderno, es decir, fruto de la Modernidad y la Ilustración. Si se me permite, la crisis está llena de oportunidades. Una de ellas es la de reconstruir la democracia del siglo XXI.

En un afán de síntesis, propondría la recuperación  básica de dos autores. Solamente la moderación a la que se asocian sus nombres debe bastar para suprimir toda desconfianza hacia unos planteamientos que constituyen, así lo entiendo y lo creo, los fundamentos mismos del sistema democrático. Me refiero a Sieyès y a Locke. Desde el autor de la Carta sobre la Tolerancia podemos colegir la falta de legitimidad de todo sistema de poder cuyo objetivo no sea la protección de la libertad natural de las personas. Toda política, todas las políticas, deben subordinarse a este fin específico y claro. El moderno constitucionalismo, desarrollando ese concepto, dará consistencia a nuevos tipos jurídicos: “calidad de vida”, “integridad de la persona”, en definitiva, la plenitud del ser humano. Si construimos todo esto, si salimos de la selva, fue para vivir mejor y más libres.

De Sieyès el pilar fundamental no es otro que la identidad entre Nación y Estado. Evitemos toda resonancia etnicista y recuperemos la preocupación política del auténtico teórico de la Revolución. Sieyès, en esta identidad, da respuesta a la pregunta que se formula en su famoso opúsculo ¿Qué es el Tercer Estado? y construye el modelo político de la democracia moderna. A partir de ahí los otros “estados”, la nobleza y el clero (esos expertos en las armas y la Palabra), quedan expulsados del sistema. Sólo la nación, es decir, el pueblo en su condición política, constituye el Estado democrático. Nuestra Constitución lo proclama sin ambages: el pueblo es la única fuente de soberanía, es decir, del poder político. La nación, el pueblo, lo es todo en la política.

La recuperación dialéctica que reclamo es justamente esta: el retorno a estas auténticas fuentes de nuestro sistema.

Es cierto que luego todo esto hay que organizarlo. Para eso están las instituciones, la burocracia, la mecánica política, el mismo sistema de partidos y, a lo que íbamos, las organizaciones internacionales. Pero todo esto no es más que aparato. Máquina cuyo único sentido es trabajar para ese doble requisito sobre el que se fundamenta la legitimidad democrática: de entrada la subordinación al pueblo del que emana toda expresión normativa, todo ejercicio del poder político. Al pueblo y a su legítima representación en la Asamblea parlamentaria y al Gobierno que ésta designa. Y por otro lado su necesaria vinculación al interés de las personas. Todos los demás, por altos que sean sus títulos, por mucho que acumulen en experiencia y peritaje, no son más que funcionarios. Útiles, más aún, necesarios, necesarísimos para poner en funcionamiento la gigantesca máquina del estado democrático. Pero funcionarios. Y lo mismo tenemos que decir respecto a las instituciones. Desde las más pequeñas de base local a las más grandes organizaciones internacionales, pasando por todos y cada uno de los títulos de la Constitución, son en cuanto se subordinan a esas dos premisas del modelo democrático: la persona y el pueblo. Lo demás debe ser remitido al basurero de la Historia.

Buscando, quizá, un nexo común entre ambos pilares y que me permita huir del cierto sabor iusnaturalista que desprenden, no dudaría en rescatar un pensamiento absolutamente alérgico a la proclamación de toda Ley Natural. Me refiero a Lucrecio y los epicúreos. No hace falta acudir a la universalidad de la naturaleza –menos aún a una teodicea- para aceptar  este doble fundamento de la sociedad política, lo único natural, vendrán a decir, es el vínculo formal que une lo justo con el interés colectivo. Justicia, Ley, Derecho, Legitimidad en suma, son el fruto maduro de esa voluntad colectiva que la Revolución reconoció en el pueblo. Hasta un Lope, en medio de un feroz absolutismo, supo proclamar estas verdades.

Que no se equivoque ningún funcionario y/o administrador de esas competencias soberanas, por alto que sea su cargo, y esto tanto en la escala nacional como en la internacional, la “ira” debe quedar sofocada en su pecho, ya que su función –la única que tiene- es la de estar al servicio del pueblo y, en su caso, su subordinación a los que le representan.

Quizá, y para terminar, el reto que nos depara este siglo radique en algo que queda sobredicho: superar las estrechas bases de ese modelo estatal en el que hemos constreñido el modelo democrático, la necesidad de edificar sistemas, en la nueva escala mundo en la que vivimos, que puedan definirse como democráticos. Pero, recordémoslo, en todo caso, esto sólo será posible si somos capaces de articularlos sobre esa doble exigencia.

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