El Mediterráneo vuelve a estar en la centralidad del mundo moderno. El renovado Proceso de Barcelona, articulado hoy bajo las propuestas de la Unión para el Mediterráneo, nos sirve de aviso de algo cada vez más evidente, no solo que ese mar ha estado siempre ahí, en medio de uno de lo focos principales del desarrollo de la humanidad, sino de algo mucho más radical, en definitiva, de que no hay manera de mirar al futuro, desde todas las sociedades que contornean sus costas, sin hacer un ejercicio de reflexión sobre la intimísima relación entre todos los pueblos que habitan sus orillas.
Marruecos y España se presentan -y así lo queremos y reclamamos los juristas de ambos países- como expresión de esa unión mediterránea que, en algún momento, abarcará la totalidad de la cuenca, reencuentro con un redivivo Mare Nostrum. Y lo hacemos en la conciencia de que avanzamos hacia un mundo donde el orden jurídico será cada día más compartido.
El derecho, y esto es algo que se verá cada vez con mayor fuerza, desborda el viejo concepto de Estado, la forma organizativa del Estado cede terreno a las nuevas expresiones de organización de la vida política y lo hace, en lo “macro”, bajo el protagonismo de una comunidad internacional cada vez más activa y presente, y en lo “micro”, en las exigencias de la convivencia en la vida cotidiana. Esta doble tensión, en lo macro y en lo micro, no deber suponer, sin embargo, una reducción de la calidad del derecho. Es cierto que, desde el triunfo de la Modernidad y el monopolio del estado como fuente del derecho, se ha producido una cuasi identificación entre Estado y Derecho, pero –y este es quizá el gran reto de la “post-modernidad” a la que avanzamos- el derecho es y debe ser mucho más que el Estado. Entendemos que la autonomía de lo jurídico será capaz de convertirse en auténtico referente de identidad para los ciudadanos. Es decir, una autonomía respecto al viejo monopolio del estado, pero no respecto al conjunto de los ciudadanos. Es decir, un sistema que haga del derecho, como voluntad de los ciudadanos, el auténtico referente de la comunidad política. De ahí la necesidad de buscar nuevas formulas que vinculen este derecho del siglo XXI con una ciudadanía concebida, cada vez más, bajo una dimensión supranacional.
Al igual que las fronteras ya no tienen ese carácter vertical que separaba a la vez geografías y poblaciones, tampoco nos sirven para dar respuesta a los nuevos problemas de la sociedad moderna: l cambio climático, las nuevas pandemias –potenciadas por la velocidad de los viajes-, el crimen organizado a escala internacional y el blanqueo de sus resultados, es decir, los nuevos fantasmas que recorren la conciencia moderna; pero tampoco responde a las nuevas cuestiones, ya en su faceta positiva, que formula el nuevo siglo: las comunicaciones telemáticas, la universalización de internet, la diversidad de los nuevos flujos financieros, definitivamente internacionales. Todos estos retos y preguntas pronto reclamarán respuestas que exceden la competencia del estado.
Nuevamente los pueblos que se asoman a la cuenca del mediterráneo tienen no solo el compromiso de luchar por estos fines, sino también un inmenso capital cultural para hacerlo. En ningún otro espacio geo-económico la pluralidad de culturas ha tenido tanta relación y, pese a sus conflictos, tantos puntos de encuentro.
Ese carácter universal del derecho se multiplica en numerosas otras esferas: migraciones, donde pese a los conatos de retroceso que apuntan algunas legislaciones, la realidad es que la potencia heurística de la doctrina de los Derechos Humanos termina por imponer sus leyes protectoras. De nuevo la conciencia jurídica de los pueblos se proyecta como fuente fundamental del derecho. También en la esfera ecológica, ¿Quién podría pensar hace apenas 20 años que la agenda ecológica se impusiera con la fuerza que hoy lo hace?. Y algo que tampoco se hubiera imaginado en esos plazos exiguos de la ultramodernidad: la competencia cada vez más dinámica y poderosa de la diversidad cultural y civilizatoria. Pese a las propuestas agoreras y pesimistas de que esto supondría un choque de culturas, la realidad es que, rota la dinámica de “centro-periferia”, las relaciones entre estos grandes espacios simbólicos se han vuelto cada vez más pacíficas y dialogantes. Lejos de devorarse, la multilateralidad del mundo cultural –estrechamente respaldada por esa nueva pluralidad de centros económicos, cada vez más autónomos y poderosos- se abre a una relación de cooperación y alianza. A la búsqueda de esa nueva dimensión de la convivencia, la ciudad se convierte en el centro de reflexión de ese Derecho del futuro.
Ahora bien, ¿Cuál es la nueva dimensión de la nueva vida urbana?. Como es lógico, ya no es el antiguo pomerium encerrado por las murallas, pero tampoco nos sirven conceptos demasiado dependientes y tributarios de un derecho administrativo elaborado por y para el estado. Urge, así, redefinir el concepto de ciudad tanto en su definición fisico-geográfica como simbólica y política. Hablar de gobernanza urbana debe ser sinónimo de proponer una nueva conceptualización del hecho municipal y sus relaciones con el territorio y la ciudadanía.
El Foro Hispano Marroquí de Juristas en su próximo VI Plenario en Tánger, se propone así como instancia de reflexión sobre el nuevo concepto de municipalidad y lo hace desde la potencia de los grupos de trabajo que se movilizan: urbanismo, gobernanza, propiedad inmueble, la economía de las migraciones, la familia y su estructuración moderna, la universidad del futuro, las nuevas relaciones comerciales y el sistema de arbitraje, la producción intelectual y su protección jurídica y, como telón de fondo indispensable, los derechos humanos.
Los trabajos del Foro se proyectan así sobre una serie de objetivos. De entrada la reconstrucción de la identidad de la persona en su valor universal como ser humano. Pero también queremos trabajar en la precisión de ubicar esa entidad individual que es la persona en los espacios de convivencia definidos por la política. En definitiva, como juristas reafirmamos la propuesta de un ser humano “urbi et orbe”, partícipe de la universalidad de su condición humana pero también de la vida política y del compromiso con sus conciudadanos. Y junto a esta doble dimensión y de forma trasversal, la urgencia del desarrollo del principio de igualdad. No hay posibilidad de avanzar hacia la integración regional si no somos capaces de saldar también la brecha de género.
En definitiva, pese a la pluralidad de sistemas y órdenes jurídicos, pese a las diferentes lenguas y prácticas procesales, pese a los enfrentamientos que aún caldean algunas de nuestras comunidades, somos todos conscientes de la existencia de una común cultura jurídica. Si esto es también cierto respecto al pasado en numerosísimos aspectos de la vida institucional de nuestros pueblos, lo es más respecto al futuro que es lo que aquí nos interesa. El verdadero compromiso es hacer del Mediterráneo un lugar de convivencia y calidad de vida para todos.
Fernando Oliván
Secretario General del Foro Hispano Marroquí de Juristas.
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