En 1998 el Club de Roma encargó a la Fundación Bertelsmann la redacción de un informe sobre los conflictos normativos que recorren las sociedades modernas. Los expertos convocados por esta fundación le dieron el nombre de “Los límites de la cohesión social” apuntando los espacios de quiebra donde los conflictos introducen esa “masa crítica” suficiente para promover la explosión del grupo y la desintegración de una sociedad. El informe adelanta algunos aspectos de la crisis de hoy día.
Una sociedad se mantiene unida por una pluralidad de fuerzas que, además, no actúan sobre la individualidad de cada uno, sino que recorren espacios segmentados movidos, a su vez, por intereses reales e imaginarios y no siempre coincidentes. Intereses comunes, a veces tan simples como la mera costumbre o la falta de alternativas, en muchos casos la rutina es una de las principales fuentes de la solidaridad en el marco comunitario, pero sobre todo a través de ese complejo entramado de símbolos e imágenes que constituye la narración del ser y sentir de todos nosotros y que denominamos conciencia colectiva.
Es cierto que, en situaciones de crisis, sobre ese marasmo de impulsos y tensiones que constituyen la madeja social (y prefiero este término al de “red” por su carácter caótico y tridimensional) se impone esa propuesta centralizadora que, desde la Gran Guerra, se denomina “La Unión Sagrada”. Pero ni esto es lo normal, ni responde a una realidad abstracta y extensible a todas las épocas y sociedades. Por el contrario, es únicamente la respuesta de una sociedad concreta y en un momento irrepetible. Su ensoñación posterior es fuente de posturas aún más peligrosas que la propia quiebra social.
Desde la segunda mitad del siglo XX la cohesión social se ha basado en una realidad material concreta, ese bienestar económico que el constituyente de 1978 definió como el derecho a una digna calidad de vida y que recreó un modelo de ciudadanía a la que el profesor T. Marshall denominó “ciudadanía social”. Un conjunto de derechos que no entrañaban solamente una serie de ventajas económicas, sino sobre todo un entramado institucional que aportaba a esa ciudadanía una conciencia sobre la que podía verificar la eficacia de su poder soberano. Ser ciudadano, en nuestros países de occidente, suponía ese acceso general al bienestar garantizado fundamentalmente por el Estado.
Un pacto, nuevo Contrato Social, que reforzaba ese compromiso participado por todas las clases sociales, al menos, por sus clases más visibles. Por un lado legitimaba la actividad lucrativa del capital, garantizando sus ganancias, si era necesario con la intervención pública, y por otro otorgaba a los trabajadores todo un sistema de garantías que, desde la escuela hasta la jubilación y la sanidad, se convertían en bienes de interés general administrados por el estado. La contrapartida también era expresa: la renuncia material a la lucha de clases y el sometimiento del capital a una estructura normativa racionalizadora y cuyas puntas de lanza eran el sistema fiscal y el derecho del trabajo.
No es erróneo advertir los muchos puntos de quiebra de este modelo al que algunos han dado en denominar “la sociedad salarial”. De entrada, la primatura de un tipo de ciudadano basado en su condición de varón, trabajador y votante de un proyecto político que no excediera los límites marcados entre el centro izquierda y el centro derecha, estaba condenado al fracaso en cuanto el resto del especto social reclamase su visibilidad y protagonismo. Las sucesivas revoluciones sociales desde finales del los “60” hasta el cambio de siglo acreditan la complejidad de la vida y la urgencia de un cambio de modelo.
Pero el golpe de gracia vino de la mano de ese fenómeno que damos en llamar “la globalización” y no tanto por la deslegitimación del estado como centro de las decisiones políticas y económicas, sino sobre todo por una consecuencia inesperada: el pluralismo normativo y los cruces de identidades que facilita la estructura mundializada de la economía y las comunicaciones. La superación de las distancias por los medios físicos y telemáticos de comunicación no han servido para hacer una sociedad más homogénea, sino todo lo contrario, dan la posibilidad de reafirmar las diferencias, al otorgar al individuo la posibilidad de recrear su pertenencia con independencia de las exigencias de la geografía. Las nuevas comunidades, instaladas en la “red”, pueden aglutinar a personas localizadas a miles de kilómetros de distancia y, además, dotarles del sentimiento de pertenencia.
La abdicación del estado en su función económica ha terminado rompiendo el modelo centralizado de la gran corporación empresarial, esa sobre la que se basó la vida económica durante casi cincuenta años. Frente a esa empresa “sólida como un ministerio” –así se definía una de las grandes empresas de automoción española-, hoy surge una empresa-red, descentralizada hasta el infinito y sometida a la liquidez de los flujos financieros. Dicho en breve: lo importante ya no es la producción, esto queda para los países pobres, el centro de atención hoy está en los flujos, en la capacidad de concentrar cientos de millones de euros en operaciones de apariencia meramente especulativa. Un “turbo-capitalismo” que, frente a la posibilidad de proyectos de vida densos y duraderos, provoca auténticos “anti-proyectos”, donde la perspectiva se rompe en los exiguos plazos de una contratación temporal.
Pero lo mismo ha sucedido a las otras instituciones que constituyen el cemento social. La familia, como unidad de consumo y la referencia política de los grandes partidos de masas. Y no es que estos últimos se confundan en un centro descafeinado, al contrario, algunos de los menajes que lanzan serían tachados de extremismos aborrecibles en una sociedad democrática hace, a penas, treinta años: “política de muros frente a las migraciones”, “control étnico-cultural de los grupos”, “utilización de aviones de combate para el control de manifestaciones”, “instalación de cárceles secretas” y el largo etcétera del achicamiento del estado de derecho. Todos ellos mensajes alejados de un centro jurídico ideológico, y difícilmente compatibles con las exigencias del estado democrático.
La dispersión, por lo tanto, no se ha producido sólo desde una sociedad desafecta y escasamente solidaria, sino que ha venida patrocinada desde los mismos centros de poder. Ha sido el estado, y los grupos políticos que lo controlan, los que más han trabajado por la pérdida de esa conciencia social, ese centro homogeneizador que supo, durante cerca de diez lustros, alejar de la política el espectro de las ideologías y los fundamentalismos de uno u otro signo.
Es en este caldo de cultivo donde surgen los conflictos normativos que amenazan con desagregar los sistemas sociales de la modernidad. Como decimos, no es tanto un problema de identidades, es ahora cuando resurge, y con una fuerza estremecedora, la dinámica de esas identidades como fundamento de la pertenencia. El problema es de garantías. Las sociedades modernas no pueden contemplarse tanto como meros sistemas simbólicos, sino como estructuras normativas lo bastante eficaces como para garantizar esos niveles suficientes de calidad de vida. No hay posibilidad de que fragüe ninguna solidaridad si cada fragmento social camina a una velocidad distinta sometidos a una constante y perpetua competitividad. El desafío de nuestro siglo es recrear esa cohesión social. Ahora bien, cohesión social no es ni debe ser sinónimo de “Unión Sagrada”, su apariencia se asemeja más a se otro concepto que recoge el propio constituyente bajo el término de “Seguridad Social”. Pero sobre esto ya volveremos más tarde.
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